Turistas evacuados, protestas, cierre de negocios y un “paro indefinido”.
Es el panorama al que se ha enfrentado en los últimos días Machu Picchu, el icónico sitio arqueológico en Perú considerado una de las siete maravillas del mundo moderno.
La polémica se desató después de que el Gobierno peruano adjudicara a una empresa privada, Joinnus, la comercialización de entradas al recinto.
Los manifestantes consideran que esto supone una “privatización sistemática” de la ciudadela inca y, por cuarto día consecutivo desde el pasado jueves, operadores turísticos y residentes mantuvieron cerrados sus negocios y bloquearon accesos en modo de protesta.
La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, aseguró este domingo que la paralización “es producto de unos pocos que quieren seguir sacando provecho” del patrimonio cultural “a través del mercado negro de los boletos”.
Las actividades de los trenes que conducen al parque arqueológico también se suspendieron como precaución, provocando que cientos de turistas varados tuvieran que ser evacuados.
Machu Picchu es una de las joyas del turismo peruano, una industria económica clave que atrajo a alrededor de 4,5 millones de visitantes la país antes de la pandemia de coronavirus en 2020.
Los manifestantes demandan que se anule el contrato con Joinnus y, tras unas negociaciones infructíferas entre los ministros de Cultura y Comercio Exterior y Turismo, el alcalde de Machu Picchu y el gobernador regional Werner Salcedo, declararon la “radicalización” de la huelga este domingo.
Gran parte de las protestas se dirigen contra la ministra Urteaga, a quien responsabilizan de permitir la comercialización de entradas a Joinnus.
“Ministra de Cultura, no alquiles Machu Picchu, alquila tu casa”, se leía en una de las pancartas portadas por los manifestantes.
También cuestionan “el cobro de una comisión del 3,9% por cada boleto vendido” por parte de la empresa, según denunció un comunicado del colectivo popular Machu Picchu.